Las infiltraciones de la inteligencia militar también incluyeron a otros dirigentes del gremio de la construcción. Durante la dictadura, Horacio Barcos, “Quique”, fue agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 122.

Figura como “agente de reunión”. En mayo de 1978, en Santa Fe, participó del secuestro y tormentos contra José Tur y Amalia Ricotti.

Años más tarde, esta última lo reconoció, lo denunció y Barcos fue juzgado y condenado a 15 años de prisión, que cumple en la cárcel de Las Flores.

En 1996, Barrios, que trabajaba en la Obra Social de la UOCRA, fue designado por Gerardo Martínez como interventor en 1996 en Tres Arroyos.

De esa excursión, se llevó una condena de cinco años por extorsionar a un empresario de la construcción. Barcos se desempeñó como agente de la inteligencia militar hasta 1997. Otro agente civil que aparece en el listado del Destacamento 122, también como “agente de reunión”, es Eduardo Juan Daffunchio, asesor legal de la UOCRA Santa Fe.

Por último, otro agente civil del Batallón 601, muy allegado a Martínez -actuaron juntos en la intervención militar del gremio- es Raúl Alberto Leiva, quien fuera vocal de la UOCRA en 1983. En algunos asados gremiales, Leiva se ufanaba de haber sido un “hombre operativo” de la banda de Aníbal Gordon durante la dictadura. Mencionaba que en esa época Francisco “Barba” Gutiérrez , actual intendente de Quilmes, se les había escapado más de una vez.

Gerardo Martínez designó en varias oportunidades al ex 601 Leiva como interventor de las seccionales de Bahía Blanca y Neuquén de la UOCRA.